Los Californianos confían en los legisladores estatales para poner un alto al elevado impuesto en servicios públicos.
El impuesto elevado a los servicios públicos es una tarifa mensual impuesta por las empresas a todos los consumidores residenciales. No importa si una familia utiliza poca energía, esta tarifa no se puede reducir ni evadir.
Un impuesto a los servicios públicos de $24 por mes provocaría un incremento en la factura de energía de millones de familias de clase media y trabajadora en California.
Las empresas de servicios públicos buscan que las familias de clase media y trabajadora abonen un impuesto de entre $24 y $70 por mes. En total, pagarían entre $360 y $840 por año. Un impuesto a los servicios públicos de $24 representaría el doble del promedio nacional.
En general, este impuesto provocaría un aumento en las facturas de electricidad de cualquier ciudadano de California que no utilice demasiada electricidad, ya sea por vivir en un departamento o una casa pequeña, por ahorrar energía o por utilizar energía solar.
El impuesto elevado a los servicios públicos se irá incrementando con el tiempo, lo que no contribuye en nada a controlar el alto costo de la electricidad.
El impuesto a los servicios públicos no tiene tope, lo que significa que seguirá aumentando junto con las tarifas de estos servicios. Con un impuesto elevado simplemente se regula quién paga qué, pero no se abordan en absoluto las causas fundamentales de los altos precios de la electricidad.
En lugar de perjudicar a las familias trabajadoras y a las personas mayores con un impuesto elevado a los servicios públicos, los legisladores deben preocuparse por exigir que los proveedores se responsabilicen por sus gastos insostenibles y promulgar políticas para controlar el precio de la electricidad.
Es por esto por lo que más de 220 organizaciones se han unido en contra del impuesto elevado a los servicios públicos.
Unidos para detener el impuesto elevado a los servicios públicos
En todo el estado, se están uniendo defensores de los consumidores, grupos de defensa de los derechos de los inquilinos, líderes de la justicia ambiental, conservacionistas, defensores de las energías limpias, líderes sindicales, comunitarios y religiosos, educadores y funcionarios locales electos para detener el impuesto elevado a los servicios públicos.
